Se estima el recurso de Tecvasa (hoy Aqlara) contra la diputación y la empresa semipública Egevasa
Un juzgado de lo contencioso administrativo de Valencia ha anulado una treintena de convenios celebrados entre la diputación provincial y distintos ayuntamientos para la construcción, explotación y conservación de estaciones depuradoras de aguas residuales que se remontan a finales de los años noventa. La juez estima el recurso de la mercantil Técnicas Valencianas del Agua, Tecvasa (hoy Aqlara), contra la diputación y la empresa semipública Egevasa.
Los convenios en cuestión afectan los ayuntamientos de Losa del Obispo, Gestalgar, Alfauir, Bèlgida, Calles, Algar de Palància, Sellent, Cotes, Titaguas, Noveltlé, Llocnou, Benicolet, Gátova, Montixelvo, Aras de Alpuente, Domeño, Dos Aguas, Salem, Higueruelas, Godelleta, Tous, Vallanca, Casas Altas, Casas Bajas, Requena (pedanías de Hortunasy la Portera, Cofrentes, Cortes de Pallás, Calles, Buñol y Vallés.
La clave de la decisión está en que la renovación de convenios se hizo con Egevasa cuando la firma pasó de ser pública a empresa mixta, en tiempos del PP, con la entrada de aguas de Valencia. Al dejar de ser cien por cien pública la firma carece de los requisitos necesarios para prestar el objeto de los convenios en régimen de gestión directa como venía haciendo, según recoge la sentencia.
El juez entiende que al ser una empresa semipública se produce un quebranto a las reglas del mercado de la igualdad, concurrencia y transparencia cuando asume un número indeterminado de convenios de adjudicación directa y por un periodo de tiempo indefinido. Así considera que la presencia del socio privado en la prestación de una infinidad de servicios públicos ad eternum cuestiona esos principios de igualdad y concurrencia, por lo que da la razón a la mercantil Tecvasa (hoy Aqlara).
